El Grupo Municipal Popular ha anunciado hoy la presentación de una moción al pleno del Ayuntamiento de Gandia con el objetivo de frenar lo que consideran un nuevo caso de “despilfarro” económico por parte del gobierno socialista local. La iniciativa se centra en la operación prevista para ceder la gestión de los aparcamientos del Prado y del Serpis a una empresa privada durante 20 años, a cambio de un canon anticipado de 10 millones de euros.
El portavoz del PP, Víctor Soler, y el concejal Guillermo Barber, han comparecido en rueda de prensa para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de esta operación, a la que califican como “una maniobra de especulación que solo busca liquidez inmediata para cubrir gastos, pero no para invertir en la ciudad”.
Barber ha señalado que esta fórmula de financiación anticipada “ya ha demostrado ser perjudicial para Gandia en el pasado” y acusa al actual equipo de gobierno de querer repetir una estrategia “que arruinó a la ciudad”. En sus palabras, el canon anticipado previsto “es otra forma de hipotecar el futuro para gastarse el dinero en cualquier cosa menos en inversiones reales para los ciudadanos”.
Por su parte, Soler ha recordado el precedente del año 2007, cuando el consistorio, también bajo gobierno socialista, firmó un acuerdo con Aguas de Valencia para adelantar 55 millones de euros correspondientes a la concesión del servicio de agua potable. “Ese dinero nunca se destinó a mejorar la red hídrica, como se prometió. Acabó dilapidado en facturas menores sin impacto real, y los que lo pagaron fueron los vecinos de Gandia”, denunció.
“Este nuevo canon anticipado no es más que otro juguete financiero para engañar a la ciudadanía con promesas que jamás cumplen”, ha sentenciado Soler. Asimismo, ha defendido la moción presentada como “una herramienta para garantizar que los recursos públicos se gestionen con responsabilidad, sin caer en los errores del pasado ni en los desmanes socialistas que han marcado casi cuatro décadas de gobierno en Gandia”.
El Grupo Popular ha reiterado su compromiso de fiscalizar las actuaciones del gobierno local y evitar que se comprometa el futuro económico del municipio por decisiones que califican de “irresponsables y opacas”.
