El Partido Popular de Gandia ha endurecido su discurso contra el gobierno municipal socialista y ha denunciado lo que califica como “una década perdida” en la gestión del edificio de la calle Perú, 57. El portavoz popular, Víctor Soler Beneyto, responsabiliza directamente a la exalcaldesa Diana Morant y al actual alcalde, José Manuel Prieto, de haber permitido —por “decisiones políticas erróneas e inacción prolongada”— que el inmueble y su entorno se hayan convertido, según sus palabras, en “un foco de delincuencia, miedo y degradación urbana”.
Soler sostiene que el origen del problema se remonta a 2015, cuando Morant “impidió un desahucio por impago”, lo que —a juicio del PP— abrió la puerta a un proceso de ocupación progresiva, la entrada de clanes vinculados al narcotráfico y un clima de conflictividad que no ha hecho más que crecer. “Delincuencia, peleas, drogas, amenazas, hasta un asesinato: la calle Perú es hoy la prueba más cruda de una política que ha mirado hacia otro lado”, señaló.
El portavoz popular subrayó que el actual alcalde, José Manuel Prieto, “conoce el problema desde hace años, ha prometido soluciones y no ha ejecutado ni una sola”. Recordó que Prieto anunció primero usos públicos para el edificio, y posteriormente aseguró que había negociaciones con empresas privadas interesadas en su compra. “A día de hoy, octubre de 2025, ni gestión pública ni gestión privada: nada. Solo anuncios vacíos, cambios de criterio y tiempo perdido mientras los vecinos viven rodeados de inseguridad”.
El PP reivindica haber mantenido múltiples reuniones con residentes de la zona, quienes —según el partido— describen una situación “insostenible”: suciedad constante, ruidos continuos, amenazas y presencia recurrente de actividades delictivas. “Mientras familias honradas se marchan por miedo, el edificio sigue siendo tierra de nadie”, denunció Soler.
El grupo popular llevará al pleno municipal de mañana una propuesta exigiendo actuaciones inmediatas y que el Gobierno presente en un plazo máximo de 30 días un calendario detallado y garantizado de medidas para recuperar el edificio y restaurar la convivencia en el entorno. El PP reclama, además, que se determine si la gestión será pública o privada, y que se asuma responsabilidades políticas por lo que consideran “una década de desidia”.
Los concejales socialistas Morant y Gregori han respondido a las declaraciones de Víctor Soler, aunque por el momento no han aportado nuevas fechas ni un plan concreto. Para el PP, esta falta de respuestas confirmaría —dicen— que “el gobierno socialista ha normalizado la inseguridad como si fuera inevitable”.
“El desastre tiene nombres y apellidos”, concluyó Soler, “y los vecinos ya no pueden esperar más”.
