El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, ha denunciado que el gobierno socialista del alcalde José Manuel Prieto ha ignorado durante años cuatro requerimientos del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo valenciano. Los expedientes abiertos por este organismo afectan a posibles vulneraciones de derechos de los ciudadanos en distintos ámbitos de la administración local.
Según Soler, los casos reflejan “una preocupante falta de transparencia y de respeto hacia los órganos de control”, ya que el Ayuntamiento no ha respondido a las recomendaciones y resoluciones del Síndic destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de la administración y la protección de los vecinos.
Uno de los expedientes más destacados se refiere al traslado del Punto de Encuentro Familiar (PEF) fuera del centro urbano para habilitar un despacho para la concejala Liduvina Gil. El Síndic constató en 2020 que la nueva ubicación no cumplía las condiciones exigidas y, pese a los requerimientos posteriores, el Ayuntamiento no ha ofrecido explicaciones ni revertido la situación.
Otro expediente cuestiona la transparencia de un proceso de selección municipal. El particular denunciante señalaba posibles irregularidades en la documentación publicada en el portal de transparencia y en la actualización de los listados de la bolsa de asesores jurídicos. El Síndic intervino tras varias solicitudes de información que, según Soler, “no recibieron respuesta adecuada”.
Los otros dos expedientes se centran en problemas que afectan a la vida diaria de los vecinos: uno sobre molestias por ruidos y otro relativo a la actividad de un local sin licencia, evidenciando, según el portavoz popular, “una falta de diligencia municipal ante reclamaciones ciudadanas”.
El Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento de Gandia la rectificación inmediata de estas situaciones y el cumplimiento de las resoluciones pendientes, instando a que se adopten medidas que garanticen la transparencia administrativa y el respeto a los órganos de control.
