En el pleno de septiembre, la Diputación de València aprobó una moción que exhorta al Gobierno de España a conceder mayor flexibilidad a los municipios para que puedan aplicar la nueva tasa de residuos de acuerdo con sus necesidades locales. La iniciativa, presentada por el grupo Ens Uneix y respaldada por los votos del Partido Popular y Vox, busca evitar un incremento desmedido de la presión fiscal sobre la ciudadanía. La principal preocupación es que la implementación de esta tasa, derivada de una directiva europea, podría suponer un aumento significativo en los recibos de los vecinos, afectando especialmente a los municipios pequeños y medianos.
La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, lamentó que el Gobierno central no se haya anticipado a recurrir una normativa europea con la que, según ella, muchos no están de acuerdo. “El Gobierno de España no ha actuado con la previsión necesaria para evitar que esta nueva tasa afecte de manera tan directa a los municipios y a los ciudadanos que menos recursos tienen”, declaró Enguix. Además, advirtió que la tasa podría duplicar, triplicar, e incluso cuadruplicar los actuales recibos de residuos sólidos urbanos.
Enguix subrayó que, aunque la tasa es ineludible, se debería permitir a los ayuntamientos más capacidad de maniobra para gestionar su impacto. “Es injusto que los municipios que disponen de recursos no puedan reducir el efecto de esta tasa en sus ciudadanos, como se ha permitido hasta ahora”, argumentó la vicepresidenta. Según Enguix, el problema principal es que la tasa no puede ser aplicada de manera progresiva, ya que lo único bonificable es el tratamiento de residuos, no el servicio en su totalidad.
Un tributo estatal bajo escrutinio
El texto aprobado por la Diputación de València cuestiona abiertamente el tributo estatal que deberá financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Este impuesto, que se aplicará obligatoriamente a todos los municipios, implicará que el coste total del servicio sea repercutido a los vecinos. Para los municipios que aún no han implementado esta tasa, la ley les obligará a hacerlo antes de abril de 2025.
Enguix destacó que los municipios pequeños y medianos serán los más afectados, ya que las subidas en los recibos podrían resultar desproporcionadas para muchos de sus vecinos. “Estos municipios, que constituyen la mayoría, se verán ante una situación complicada al tener que implementar un impuesto que puede no ser sostenible para sus economías locales”, agregó Enguix.
Por su parte, los municipios más grandes ya trabajan en estrategias que les permitan amortiguar el impacto de la nueva tasa de residuos estatal, buscando evitar que la presión fiscal aumente en sus localidades.
Asesorar a los ayuntamientos para la nueva tasa
Además de la moción presentada por Ens Uneix, el pleno también aprobó otra propuesta relacionada con la tasa de residuos, impulsada en este caso por el grupo Vox. Esta moción hace hincapié en la necesidad de asesorar a los municipios para que estén preparados ante la inminente aplicación de la tasa. El objetivo es que los ayuntamientos cuenten con criterios equitativos que faciliten la implementación del tributo, evitando así posibles sanciones por parte de otras administraciones.
Sergio Pastor, portavoz de Vox, criticó las políticas del Gobierno central, que según él “han fallado en la gestión de esta cuestión”. Pastor considera que es demasiado tarde para reclamar la retirada de la tasa, pero subrayó la importancia de que los municipios reciban la asistencia adecuada para su aplicación. “Es esencial que los ayuntamientos estén bien preparados para aplicar esta tasa de manera equitativa y evitar sanciones”, afirmó.
El debate de la oposición
Desde la oposición, el diputado de Compromís, Josep Antoni Riera, defendió que tanto la Generalitat como la Diputación tienen mecanismos para apoyar a los municipios en la gestión de residuos, haciendo especial énfasis en la importancia de los planes locales de residuos. Riera lamentó que el debate se centrara únicamente en la tasa y no abordara el “problema real” de la gestión de los residuos en su conjunto, con sus fracasos y desafíos.
Por su parte, el diputado socialista Jordi Mayor manifestó su respaldo a la normativa estatal, señalando que la ley persigue un objetivo claro: reducir la generación de residuos hasta alcanzar un día el “residuo cero”. Además, recalcó que la normativa contempla posibles bonificaciones para los usuarios más vulnerables. Sin embargo, también reconoció que implementar una tasa de residuos totalmente progresiva es un reto complejo.
¿Es viable la tasa de residuo cero?
Durante el debate, Natàlia Enguix cuestionó cómo se podría hacer progresiva una tasa que no puede cuantificarse de forma sencilla, insistiendo en que las bonificaciones solo pueden aplicarse en la fase de tratamiento de residuos, no en el servicio en general. A esta preocupación se sumó Sergio Pastor, quien calificó de “utópico” el objetivo de residuo cero que persigue la normativa. “En la sociedad en la que vivimos, llegar a cero residuos es un ideal lejano”, concluyó Pastor.
Finalmente, las dos propuestas fueron aprobadas con el apoyo de los votos del Partido Popular, Ens Uneix y Vox. De este modo, la Diputación de València se prepara para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones que permitan mitigar el impacto de la nueva tasa de residuos, siempre con el objetivo de proteger a los ciudadanos de un incremento de la presión fiscal.
