El Grupo Municipal Popular ha criticado duramente la última modificación presupuestaria realizada por el gobierno socialista de Gandia, que, según denuncian, destina 550.000 euros del remanente de tesorería al pago de sentencias judiciales derivadas de litigios con trabajadores del Ayuntamiento.
En una comparecencia ante los medios, el portavoz popular Víctor Soler ha calificado la decisión de “vergonzosa”, acusando al ejecutivo local de utilizar fondos públicos para hacer frente a “un pufo de 550.000 euros causado por irregularidades que han obligado a los empleados públicos a acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos”.
Soler ha lamentado que el gobierno municipal “no destine ese dinero a cuestiones prioritarias como la vivienda, la limpieza o el mantenimiento de instalaciones deportivas”, y ha señalado que esta medida solo sirve para “cubrir los errores del propio gobierno socialista, perjudicando así a toda la ciudadanía”.
Por su parte, el concejal popular Guillermo Barber ha reprochado al ejecutivo su falta de transparencia y su “obsesión por presentar como logros lo que no son más que obligaciones administrativas”. Además, ha alertado sobre un informe del interventor municipal que, según ha afirmado, contiene irregularidades relacionadas con contratos y facturas ilegales, y que el gobierno local “no ha querido abordar públicamente”.
Barber ha asegurado que el gobierno está desviando la atención de este informe “mediante anuncios irrelevantes” y ha concluido que “esta actitud demuestra la opacidad y la falta de gestión del equipo socialista, que sigue sin rendir cuentas sobre cuestiones realmente graves para la administración local”.
El PP ha exigido explicaciones claras y públicas por parte del gobierno municipal, y ha anunciado que continuará fiscalizando “una gestión cada vez más alejada de las prioridades reales de los ciudadanos de Gandia”.
