El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, y el concejal Guillermo Barber han comparecido hoy ante los medios para advertir sobre una operación de crédito que, según denuncian, se debatirá en el pleno del próximo 21 de noviembre y que podría vulnerar la normativa financiera vigente.
Según explicó Soler, el Gobierno socialista habría autorizado a la empresa pública Actuacions Ambientals Integrals SL a solicitar un préstamo de 1,6 millones de euros sin contar con la autorización del Ministerio de Hacienda, un requisito obligatorio mientras Gandia se mantiene bajo el Plan de Ajuste. El portavoz popular considera que esta decisión “podría incumplir la legalidad financiera del Ayuntamiento y derivar en responsabilidades personales para los miembros de la Corporación que la avalen”.
Soler recordó que el Ayuntamiento mantiene un Plan de Ajuste “severo” que prolonga la devolución de la deuda municipal hasta 2070, lo que —según el PP— impediría al Consistorio asumir nuevos préstamos. También señaló que el Ayuntamiento posee el 51% del capital social de la mercantil, que no estaría clasificada como “sociedad de mercado”, una circunstancia que, afirma, podría implicar que el Ayuntamiento quede comprometido según la clasificación futura que reciba la entidad. Además, acusó al gobierno local de no haber solicitado dicha clasificación al Sistema Europeo de Cuentas “para operar sin control y a costa de hipotecar al Consistorio”.
El PP también critica que el préstamo se justifique únicamente como una medida para “evitar déficits de caja”, una motivación que, a juicio de Soler, revela “falta de planificación e inestabilidad financiera”.
Por su parte, Barber advirtió de que la operación “terminará repercutiendo en el recibo del agua”, incrementando el coste para los vecinos. El concejal aseguró que este tipo de iniciativas “recuerdan a las fórmulas del socialismo que llevaron a Gandia a la ruina”, en alusión al episodio de los 55 millones del Plan Director del Agua Potable, que —según señaló— se destinaron a otros fines.
El Grupo Municipal Popular ha solicitado un informe a la Intervención Municipal para verificar si la empresa cumple con la regla del 50% de ingresos de mercado, así como la autorización expresa del Ministerio de Hacienda para la operación de endeudamiento. Soler concluyó que “el supuesto rigor y legalidad que defiende el gobierno de Prieto no coincide con la realidad que se vive en el Ayuntamiento”.
