El Grupo Municipal Popular ha valorado los presupuestos de 2026 presentados el pasado viernes por el alcalde José Manuel Prieto, calificándolos de “un nuevo intento de aparentar sin resolver los problemas reales de la ciudad”.
Según Guillermo Barber, concejal del PP, estos presupuestos “no son expansivos ni buscan un crecimiento sostenible, sino que se sustentan en ingresos anticipados, propaganda y un aumento de la presión fiscal sobre los vecinos de Gandia”.
Barber advierte que el incremento de las inversiones anunciado se financiará con 12,5 millones de euros provenientes de la privatización de los parkings municipales, replicando una fórmula que el PSOE ya aplicó con el canon del agua y saneamiento. “En aquella ocasión se gastaron 67 millones sin cumplir las inversiones prometidas. Ahora serán los ciudadanos quienes sufran los costes a través de recibos de agua más altos y servicios privatizados”, critica el concejal popular.
El PP también denuncia que el alcalde socialista ha decidido aplazar el pago de la deuda hasta 2070, lo que impide una reducción de impuestos y permite mantener gastos en propaganda, fotos y titulares. “La presión fiscal no solo no disminuirá, sino que seguirá subiendo. Los gandienses sufren directamente el derroche del socialismo de Prieto pagando los impuestos más altos de España”, subraya Barber.
Además, el concejal asegura que el gobierno local repite una estrategia de propaganda anual, anunciando inversiones que luego no se ejecutan. “Los remanentes de hasta 29 millones de euros evidencian la falta de gestión y la incapacidad de convertir los impuestos en mejoras reales para la ciudad”, afirma.
Barber concluye recordando inversiones emblemáticas como Sanxo Llop, el Centro de Día o el Gandia Arena, que considera “promesas eternas que se repiten año tras año sin cumplirse”. El edil popular reclama “menos titulares y más rigor, así como una bajada de impuestos”, argumentando que los vecinos no deben pagar por horas extra del fotógrafo del alcalde ni por procedimientos judiciales del Ayuntamiento, que ya ascienden a 600.000 euros por incumplimientos en materia de personal.
