La Policía Nacional ha desmantelado en Gandia una red dedicada a registrar ilegalmente a ciudadanos extranjeros en el padrón municipal. Los agentes han confirmado que al menos 127 personas fueron inscritas de manera fraudulenta, pagando entre 200 y 1.000 euros por aparecer empadronadas. Para ello, la organización utilizaba contratos de alquiler falsificados y datos personales obtenidos ilícitamente, principalmente de personas mayores, que ni siquiera sabían que en sus viviendas figuraban empadronados desconocidos.
La investigación, iniciada en julio por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, se puso en marcha tras las denuncias de vecinos que descubrieron que aparecían registrados en sus casas individuos a los que jamás habían visto. Gracias a las primeras consultas al padrón municipal, los agentes detectaron una estructura delictiva compuesta por al menos ocho personas, operativa entre abril de 2023 y agosto de 2025.
El grupo se especializó en obtener datos personales robando correspondencia —incluso forzando buzones— para después fabricar contratos de alquiler manipulados con los que lograban registrar a extranjeros en situación administrativa precaria. Estos empadronamientos permitían a los beneficiarios solicitar derechos de residencia, tarjetas sanitarias u otros servicios públicos.
La red habría obtenido más de 50.000 euros solo por los empadronamientos, además de unos 3.000 euros adicionales procedentes de supuestos alquileres falsos. Cinco personas —tres hombres y dos mujeres de entre 28 y 47 años— han sido detenidas, acusadas de estafa, falsificación documental, inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. Tras declarar, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la justicia. La investigación sigue abierta.
Este escándalo es la prueba definitiva del absoluto descontrol administrativo que arrastra el Gobierno desde hace años. La oposición llevaba reiterando denuncias públicas sobre empadronamientos sospechosos y alertando del posible fraude, pero el Ejecutivo prefirió mirar hacia otro lado. El resultado: una organización criminal operando durante más de dos años, manipulando datos personales, engañando a personas mayores y utilizando el padrón —una herramienta pública esencial— como si fuera un coladero.
Mientras el Gobierno se dedicaba a negar la realidad y a descalificar políticamente a quienes advertían del problema, 127 empadronamientos ilegales se colaban bajo su absoluta inacción. Que una red criminal pueda falsificar contratos, usar datos privados robados y registrar decenas de personas sin que nadie en la administración detecte nada demuestra una negligencia institucional alarmante.
Resulta inaceptable que se necesite la denuncia de ciudadanos estafados para que el Gobierno reaccione, cuando desde hace meses la oposición había puesto sobre la mesa las irregularidades. La falta de vigilancia, de controles y de responsabilidad política ha permitido que esta trama creciera y lucrara con total impunidad.
En definitiva: otro caso más donde el Gobierno llega tarde, mal y obligado por la evidencia. Y mientras tanto, quienes pagaron las consecuencias fueron los ciudadanos más vulnerables y los servicios públicos, nuevamente utilizados sin supervisión ni rigor.
